Por: Ramon Valdez
En este complejo escenario el verdadero problema es el
de cómo enfrentar una burocracia privada que ha acaparado gran parte del poder
de la sociedad, y que convierte a la burocracia pública en su apéndice.
El Estado ha desempeñado un notable papel, en la
entrega al capital privado de la explotación de obras de infraestructura o
empresas construidas bajo su mando donde el capital tuviera que realizar poca o
ninguna inversión; se ha desarrollado la entrega al capital transnacional en
alianza con el capital local, quedando el trabajo a expensas de la regulación
privada, mientras, el Estado ha aumentado la carga de impuestos regresivos al
consumo y disminuido los impuestos sobre las ganancias y los sectores de
mayores ingresos.
La figura del Estado como eje
articulador del orden y de los cambios sociales se ha hecho añicos, lo que
queda es un Estado ya no patrimonialista sino predatorio. El Estado se ha clientilizado,
se ha producido una especie de ruptura entre política-economía y sociedad, la
cual genera a su vez una fractura social que un cada vez mayor numero de
excluidos, un segmento de estos excluidos se vinculan de manera clientelar a
las fracciones partidarias, los sectores dominantes financian y se vinculan a
las diferentes fracciones partidarias, en torno a las prebendas que estas
últimas otorgan, tras la captura del botín estatal. Lo que ahora importa es,
pues, la preservación de la élite política como categoría absoluta, a cualquier
precio, desprendida de cualquier compromiso orientado a las transformaciones
sociales que permitan una vida digna a ciudadanas y ciudadanos.
El propio estado de derecho burgués liberal esta siendo poco a poco
desmantelado, no solo ha sido puesto en cuestionamiento, sino severamente
estremecido, seriamente vulnerado, una
cadena de eventos sintomáticos ponen en alerta: el proceso de acomodamiento, violación e
interpretación liberal de la constitución y las leyes en función de intereses
privados, individuales, y muchas veces oscuros…con tal descaro que ponen en entredicho la propia capacidad de
los políticos y los partidos para gestionar el estado, ya ni siquiera guardan las formas. El gobierno
central, el congreso y el poder judicial son espacios para transacciones de
carácter mercantil que son del dominio publico y de beneficio privado.
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